El juicio contra dos mujeres y un hombre por trata de personas con fines de explotación sexual, entró en su recta final. Tras los alegatos realizados ayer por la Fiscalía General y la querella, a cargo de la Fundación María de los Ángeles, está prevista para el viernes la defensa de los imputados y la confirmación del veredicto. Esto se concretará en la audiencia final, a partir de las 9, en la sede del Tribunal Oral Federal (TOF).

Ayer, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Fundación afirmaron la existencia de este delito en perjuicio de cuatro víctimas y solicitó penas de entre nueve y seis años de prisión, según las participaciones en la estructura que incluía dos prostíbulos ubicados en la capital provincial.  

Teniendo en cuenta las acusaciones, el MPF solicitó para Hugo José Antonio “Bicho” Díaz una condena de nueve años de prisión al ser considerado partícipe necesario del delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual en las fases de captación y acogimiento, en contra de cuatro mujeres. La explotación sexual fue consumada en todos los casos, agravado por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por pluralidad de autores y víctimas y por haber estado embarazada a la fecha de los hechos una de ellas, de acuerdo al requerimiento.

Las otras dos imputadas en la causa, María Antonia Peñaflor, conocida como “Mary”, e Isabel Usandivaras, alias “Chela”, fueron señaladas como partícipes secundarias de los mismos delitos y se solicitó para ellas penas de seis años de cárcel.

La fiscalía, representada por Pablo Camuña y la auxiliar Valentina Garcia Salemi, con la colaboración del representante local de la Protex, Daniel Weisemberg, señaló que la organización funcionaba desde al menos una década antes de 2014. Ese año se habían concretado cinco allanamientos y se identificaron dos prostíbulos: “Night Club”, ubicado en la zona de El Bajo y “El Límite”, en calle Alsina al 700.

En el proceso se constató que cuatro víctimas (denominadas en el juicio oral TV1, TV2, TV3 y TV4) fueron captadas mediante engaños y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, para ser explotadas sexualmente en los establecimientos señalados. Una de ellas cursaba un embarazo en el transcurso de la explotación, mientras que otra residía en el prostíbulo junto a su hijo de dos años. En todos los casos, la explotación sexual fue consumada, llegando las mujeres a concretar más de veinte “pases” por noche.

Los representantes del Ministerio Fiscal solicitaron además que se declare a los hechos como constitutivos de formas de discriminación y violencia contra las mujeres, tal como lo establece la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para), entre otras referencias.

Las participaciones

Durante el juicio, que inició los primeros días de noviembre, ha quedado expuesto que "Bicho" Díaz se encargaba de regentear y administrar “El Límite”. Por ese lugar, pasaron las víctimas antes de recalar en “Night Club”. A la vez, "Mary" Peñaflor, esposa del principal acusado, tenía a su cargo el bar contiguo al prostíbulo y se encargaba de la gestión de los locales, su locación mediante negociaciones con los propietarios y del control del giro económico de la empresa criminal. 

"Chela" Usandivaras, por su parte, administraba el kiosco lindante, abría y cerraba el prostíbulo, controlaba a las víctimas, retransmitía órdenes del grupo, recibía a los prostituyentes y recibía la recaudación de los turnos para luego entregársela al fallecido e imputado Hugo “Gato” Díaz, quien se quedaba con el 50% de la recaudación.